El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ya ha solicitado al Ministerio de la Presidencia la asignación anual a la que tiene derecho con el fin de cubrir los gastos de mantener una oficina, un coche oficial y personal de seguridad.
Así se lo ha confirmado Presidencia al portal Maldito bulo, que presentó una petición de información pública a través del Portal de la Transparencia. Según la respuesta de Presidencia, que este medio ha publicado en su web, «ningún expresidente ha renunciado a la dotación y D. Mariano Rajoy la ha pedido», y de momento está «pendiente de tramitación».
Desde 1992 rige un decreto que regula el Estatuto de los expresidentes del Gobierno y que actualmente afecta, además, a Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Despacho con dos contratos
Así, Rajoy, al igual que los demás, podrá disponer de una especie de oficina de representación a cuyo servicio se adscribirán dos puestos de trabajo, uno de nivel 30 y otro de nivel 18, que serán cubiertos, a su propuesta, mediante el sistema de libre designación. Este personal, que se incluirá en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno, tendrá la consideración de «personal eventual de gabinete» y, si fuesen funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales.
Además, se le facilitará una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado.
Así, en los Presupuestos de 2018 recién aprobados se incluye una partida de 223.740 euros a repartir entre todos los expresidentes, lo que hasta ahora representaba unos 75.000 euros al año por cabeza para Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Igualmente, se deberá poner a disposición de Rajoy un automóvil de representación con conductores de la Administración del Estado, los servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estimen necesarios, y disfrutará de «libre pase» en las compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado.
‘Pensión’ incompatible con otro sueldo público
Cuestión distinta es la ‘pensión’ o indemnización por cese a la que tienen derecho todos los altos cargos, que asciende al 80 por ciento del sueldo por un tiempo máximo de dos años. Sin embargo, esa indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso público y, por lo tanto, con el sueldo de registrador de la propiedad de Rajoy.
