José Manuel Soria dimitió hace 15 meses como ministro de Industria tras desatarse el escándalo de sus empresas familiares en paraísos fiscales, sin embargo, el también expresidente canario aún goza del privilegio de disponer de una escolta oficial que ha costado 250.000 euros de dinero público en el año y cuarto desde que ha transcurrido desde su dimisión.
Según publica eldiario.es este miércoles, la escolta consiste en el acompañamiento de dos policías que van con él en todos sus desplazamientos más otra vigilancia estática de su mansión en un barrio residencial de Las Palmas de Gran Canaria llevada a cabo por seis policías que se organizan en tres turnos de 24 horas. Los 250.000 euros serían entonces el coste de los salarios brutos de los ocho policías que protegen al ex alto cargo, incluidos los billetes de avión entre Canarias y la península y las dietas de los agentes.
La escolta a Soria se mantiene ahora incluso después de que la Secretaría de Estado de Seguridad decidiera retirarla en Madrid el pasado 17 de abril, tras haber pasado un año desde su salida del Gobierno, pero la Policía sigue prestándole servicio en Canarias por orden del subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina, y los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada de Seguridad Ciudadana se desplazan con él cada vez que el exministro viaja a Madrid.
Los viajes que Soria realiza ahora a Madrid son solo para atender sus negocios privados, los hace al menos una vez por semana y se queda en la capital de martes a jueves, con estancias y dietas a pagar a sus escoltas con dinero público.
Con respecto a la protección estática en Canarias, esta se llevó a cabo intermitentemente (solo cuando Soria estaba en la casa, cuatro días a la semana) desde la dimisión del ministro en abril hasta noviembre del año pasado, cuando le fue retirada coincidiendo con la formación del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Sin embargo, el 24 de diciembre Soria denunció un extraño asalto a su mansión en el que, según él, se robaron joyas y dinero en metálico de su caja fuerte, del que no hay ningún indicio fiable de la autoría del robo que haya sido remitido a un juzgado. Aun así, el supuesto suceso fue suficiente para que se reanudara la vigilancia de la casa, esta vez completa, de 24 horas todos los días, con agentes de paisano y vehículos policiales camuflados.
Una vigilancia que no solo supone un enorme gasto injustificado de dinero público sino que, además, implica que los seis agentes destinados a proteger al exministro no puedan estar ejerciendo labores policiales en otros puntos donde son necesarios.
Según refiere eldiario.es, la Secretaría de Estado de Seguridad se ha negado a responder preguntas al respecto “por motivos de seguridad”.
