Más de medio centenar de víctimas y familiares de víctimas del franquismo se han congregado hoy frente a la sede madrileña de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana. Lo han hecho para entregar un escrito en el que protestan por lo que definen como «un incumplimiento sistemático de los deberes del Estado Español con las víctimas de la dictadura«.
En el escrito, dirigido al Presidente de la Comisión Europea José Manuel Duräo Barroso, las víctimas de la dictadura exponen las «dificultades, obstáculos y desamparo» que, según explican, encaran para resolver la cuestión de las desapariciones sucedidas en España durante los casi cuarenta años de la dictadura de Francisco Franco. Florentina Rodríguez, nieta de una víctima del franquismo, ha señalado que «si este Estado se niega a darnos asistencia jurídica, tendremos que ir a la ONU o a las instancias que consideremos oportunas».
Cristina Almeida, de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, ha señalado que «no podemos construir una democracia y decir que vamos a hacer la paz con más de 120.000 desaparecidos», al mismo tiempo que acusaba las autoridades del partido popular, definiéndolas como «cómplices en el amparo a estos crímenes». «Nosotros queremos saber la verdad, la verdad es democracia y la ocultación de estas desapariciones es una injusticia».
La iniciativa de las familias, apoyada por la Plataforma por una Comisión de la Verdad, ha consistido en presentar denuncias formales ante la Comisión Europea, coincidiendo en tiempo y espacio con la entrega del galardón del Nobel de la Paz a la Unión Europea.
Silenciadas durante la transición
El escrito a José Manuel Durao Barroso se inicia explicando que “los familiares-víctimas de las desapariciones forzadas producidas durante la dictadura del general Francisco Franco (1936-1975), nos dirigimos a esta Comisión para exponer las dificultades, obstáculos y desamparo que encaramos para resolver esta cuestión en el marco del Estado de Derecho que disfrutamos los españoles desde el fin de la dictadura en 1975”. Conscientes de que la cuestión de las desapariciones forzadas fue un asunto silenciado durante el inicio de la Transición que vivió nuestro país, a pesar de este pacto de silencio institucional, las familias nunca renunciamos a nuestro derecho de que en algún momento se pudiera resolver esta cuestión. El hecho de que durante la década de los 80 y 90 algunas familias, de manera puntual, plantearan solicitud de exhumación de sus deudos así lo evidencian”.
Negativa a analizar el fascismo español
Abundando en la crítica contra las inadmisiones del TEDH, afirman: “La respuesta estricta de los requisitos formales sin profundizar en las cuestiones que limitaron la acción e iniciativas de los demandantes son un mensaje equivocado por parte de este tribunal que parece atribuir la impunidad aún existente sobre estos crímenes en España a la “falta de diligencia” de las víctimas. Nosotros pensábamos que Europa aborrecía los crímenes del fascismo y del nazismo y resulta que el TEDH, en el primer caso que analiza sobre el fascismo español, con la llave de los reglamentos nos cierra la puerta”.
Falangistas contra Garzón
“El hecho más significativo y doloroso de todo este proceder- continúan- ha sido la temeridad de admitir la demanda de un llamado sindicato Manos Limpias, de conocida significación falangista, contra el Juez de la Audiencia Nacional, Don Baltasar Garzón por atender las denuncias de las familias, abrir y practicar diligencias para resolver el tema de los crímenes y desapariciones de la dictadura, con el resultado de su procesamiento condenatorio por calificar estos hechos como crímenes contra la Humanidad, imprescriptibles y señalar la obligación del Reino de España de investigarlos y dar satisfacción y reparación a las familias. Al daño y la impotencia que estos hechos nos han producido tenemos que añadir la resolución del Tribunal Superior de Justicia, en marzo de este año, de la imposibilidad de investigar esta cuestión en España”.
«No pueden convertirnos en víctimas invisibles»
Solicitan que estos crímenes cometidos durante la dictadura sean considerados legalmente como «crímenes contra la humanidad», definición jurídica que impediría que la responsabilidad prescribiera con el tiempo. Los asistentes han declarado que el Estado no puede convertirlos «en víctimas invisibles» ya que, según señalan, «fueron miles de personas las que desparecieron durante el franquismo, y la historia de la democracia de este país esta ahí». También han solicitado que, si fuera necesario, la Ley de Amnistía «debería ser derogada».
Acuden a la justicia internacional tras haber agotado todas las vías judiciales y políticas en España a la hora de solicitar la exhumación de sus familiares, desaparecidos durante la dictadura franquista.
