A día de hoy a ningún funcionario de la Unidad de Intervención Policial se le ha abierto expediente disciplinario por estos hechos.
Los hechos se remontan al 29 de septiembre de 2012, cuando tuvo lugar una manifestación en el centro de Madrid contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Gobierno del Partido Popular, que acabó con una dura intervención policial, según recogen en un comunicado los abogados de las víctimas, de la comisión Legal Sol del 15M:
«El pasado 29 de septiembre de 2012 tuvo lugar una manifestación en el centro de Madrid contra la aprobación de los presupuestos generales.
En un momento dado, y una vez que la manifestación llegó a su fin, varios grupos operativos de la 1ª Unidad de Intervención Policial, entre ellos el indicativo PUMA 70, comenzaron a recorrer las calles de Huertas.
Tal y como recoge una grabación efectuada por un vecino desde el balcón, un grupo de antdisturbios entró en varios establecimientos, entre ellos el bar La Broncense, del que comenzaron a sacar a varias personas. En las imágenes se puede apreciar cómo parte de los funcionarios de policía esperan en la puerta del establecimiento para hacer “un pasillo” a las personas que sus compañeros iban sacando, mientras les golpean de manera reiterada e indiscriminada y con una clara intención de escarnio.
Posteriormente se ve cómo sacan a dos mujeres del referido Bar, M. y G., las cuales son rodeadas por varios funcionarios en la misma puerta para, sin dejarles escapatoria, golpearlas reiterada y brutalmente en la cabeza y tronco, produciéndoles sendas brechas que necesitaron para su curación la aplicación grapas.
Ni a M. ni a G., ni a ninguna de las personas que fueron agredidas y sacadas del establecimiento, se les identificó ni detuvo, quedando por tanto acreditado un ánimo por parte de los funcionarios de Policía de mero castigo y escarnio totalmente gratuitos.
El procedimiento penal que dio pie las denuncias interpuestas por M. y G. fue finalmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid en un Auto en el que se afirmaba que ‘Si las propias agredidas no son capaces de facilitar el número identificación del agente o agentes, ni ningún otro elemento susceptible de identificarle o identificarles, nada cabe esperar de las diligencias pedidas’.
Esa noche, como tantas otras, los funcionarios de la Unidad de Intervención Policial llevaban tapado su “número de placa” con el chaleco antitrauma que vestían encima.
A día de hoy a ningún funcionario de la Unidad de Intervención Policial se le ha abierto expediente disciplinario por estos hechos.
Tras interponer el procedente recurso de amparo, que fue inadmitido, M. y G. demandaron al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de investigación, demanda que se encuentra aún en trámite.
Paralelamente, tanto M. como G. reclamaron responsabilidad patrimonial al Ministerio del Interior por el mal funcionamiento de las Unidades de Intervención Policial. Dicha reclamación fue rechazada en ambos casos.
Pues bien, el pasado 17 de marzo de 2017 el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 7 ha dictado Sentencia en la que acuerda anular la desestimación de la reclamación patrimonial realizada por G. y declarar su derecho a percibir 750.-€ por las lesiones sufridas.
Queda pendiente que se resuelva el procedimiento judicial sobre la reclamación patrimonial de M., cuya vista está señalada para los próximos meses.
Más allá de la irrisoria cuantía, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y de la vergonzante postura de la Abogacía del Estado, quien hasta el último momento ha rechazado reconocer el mal funcionamiento de la actuación policial; desde la Comisión Legal queremos poner el acento en la falta de investigación efectiva de este tipo de abusos y en la impunidad consentida que supone el incumplimiento de la obligación de los funcionarios de ir debidamente identificados».
