El anteproyecto para la reforma de la Ley del Aborto del ministro Alberto Ruiz Gallardón “desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora” y supone “la imposición moral a costa de los derechos ajenos”.
Así concluye Pilar Sepúlveda, la jueza progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe definitivo entregado hoy sobre el conflictivo anteproyecto impulsado por el Gobierno del Partido Popular, el cual recomienda retirar por “pura oportunidad y prudencia jurídica y política”.
Para Sepúlveda, “la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación y la dignidad decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”, que, en realidad y según la ley, “no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida”.
La iniciativa de Gallardón “no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social”, ya que esta “no existe”, y pretende instaurar “un régimen aún más restrictivo” que ni siquiera contempla el supuesto de las graves anomalías o malformaciones en el nonato.
“La ley vigente goza de un amplio respaldo y aceptación por parte de la ciudadanía”, y ha demostrado con la experiencia que el número de abortos ha disminuido desde su implantación en 2010, mientras que la anunciada reforma de la ley del PP “ha creado un clima de alarma social” con una gran oposición por amplios sectores de la sociedad.
Además, según la vocal del CGPJ, el anteproyecto en su forma es “impreciso, vago e indeterminado” y no acompaña esa supuesta protección del no nacido con un sistema de ayudas sociales para las mujeres que no pueden permitirse económicamente mantener a un hijo ni para los niños nacidos con graves deficiencias de salud.
“La única respuesta que ofrece el anteproyecto es la criminalización de conductas que faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito de decisión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de la maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa” y convierte a la mujer en un “mero instrumento al servicio” de la maternidad.
Por todo ello, la jurista recomienda la retirada de la llamada “Ley para la protección del no nacido y de los derechos de la mujer embarazada” hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legislación actual.
De cualquier modo, aún está pendiente de presentación el informe sobre la reforma de la ley del aborto de la vocal conservadora, Carmen LLombart, que tendrá que tendrá que remitirlo en breve al CGPJ para que el órgano judicial emita su dictamen definitivo y oficial tras deliberar sobre ambos estudios.
