Una vecina de la localidad abulense de Arenas de San Pedro ha recibido una sanción de 601 euros en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como ‘Ley Mordaza’, que le fue impuesta tras intentar ejercer su derecho constitucional de grabar el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de 6.300 habitantes.
Los hechos se remontan al pasado 23 de febrero, cuando iba a debatirse en el Pleno una moción presentada por Izquierda Unida sobre la retirada de un monumento franquista situado junto a la parroquia de la localidad. Según los testigos presentados por IU, la vecina, técnico audiovisual e integrante del Foro de la Memoria Histórica del Tiétar y la Vera, estaba montando su cámara para grabar la sesión cuando el alcalde del PP, Juan Carlos Sánchez Mesón, le dijo que estaba prohibido y que no podía grabar el Pleno.
La afectada comunicó entonces al alcalde que sí podía grabar porque se trata de un derecho amparado por la Constitución. De hecho, el Tribunal Supremo ya dio en agosto de 2015 un varapalo a los alcaldes que llevan a cabo la “censura previa” y el “impedimento a priori” de grabar los Plenos, confirmando que toda persona que asista a estos actos públicos tiene derecho a grabar aunque no pertenezca a medios de comunicación autorizados, ya que le amparan los derechos fundamentales de libertad de expresión e información.
«Abuso de autoridad»
Sin embargo, el alcalde continuó en su negativa de permitir a la vecina ejercer su derecho y la Policía Local procedió a pedirle a esta la documentación. Según la notificación de la sanción recibida por la afectada, la multa se le impone por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana por haberse negado “de malas formas” a entregar el DNI a los agentes, “facilitando datos falsos e inexactos de su filiación”, uno hechos que desde IU desmienten.
Según refieren los testigos y la propia sancionada, el agente que le pidió la documentación la sujetó del brazo amenazando con retenerla si no acataba sus requerimientos mientras que ella había mostrado la documentación que tenía en ese momento: un carnet de prensa en el que figuraban su nombre completo, fotografía y número de DNI, ya que en ese momento no llevaba encima su documento oficial de identificación.
El policía tomó nota de sus datos y ella procedió a desmontar la cámara al verse privada de su derecho a grabar el Pleno, que continuó sin incidentes. Desde IU critican la actuación policial como “excesiva y precipitada contra una profesional que en ningún momento incumplió la ley, ni impidió el normal desarrollo de la sesión plenaria”, con un “abuso de autoridad” mediante la aplicación de la ‘Ley Mordaza’.
El Foro por la Memoria anuncia acciones legales
Por su parte, el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera ha anunciado que presentará alegaciones contra la sanción de 601 euros impuesta por la Subdelegación del Gobierno de Ávila a esta mujer, ya que, según afirma la presidenta del colectivo, Isabel Fernández, los hechos narrados en la denuncia de la Policía Local “no son ciertos” y la denuncia es “claramente intencionada”, que la denunciada “fue amedrentada y amenazada, a pesar de acreditarse debidamente y aceptar la prohibición de grabar renunciando a sus derechos”.
Además, la organización no rechaza la posibilidad de denunciar al alcalde por “incumplir la Ley de Memoria Histórica”. De hecho, en el citado Pleno, la moción presentada por IU, que pedía la retirada total del símbolo, no salió adelante, mientras que otra presentada por el PSOE, que planteaba solo borrar los nombres del monumento, sí prosperó con el apoyo de los grupos municipales, excepto IU, que se abstuvo.
El Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera ha expresado también su “enorme indignación” y su “condena por el rechazo que sufren las acciones encaminadas a recuperar la memoria histórica, que se esclarezca la verdad y se haga justicia para con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
