La Generalitat de Cataluña ha decidido imponer una multa de medio millón de euros a Gas Natural Fenosa tras la muerte de una anciana de 81 euros en noviembre del año pasado en Reus (Tarragona), que falleció a causa de un incendio con una vela después de que se le hubiera cortado la luz.
Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el secretario de Empresa y Competitividad, Joan Aregio, que ha indicado que el expediente considera una infracción muy grave que se cortara el suministro de luz porque por ello se originó «una alteración social grave, de alarma y desconfianza» y porque la persona afectada pertenecía a un colectivo, los ancianos, especialmente protegido por el Código de Consumo de Catalunya.
Sin embargo, la sanción, que se ha comunicado esta semana a la compañía, no es firme y la empresa tiene ahora un plazo de dos meses para decidir si la recurre, agotando la vía administrativa si lo hace e iniciando un procedimiento contencioso.
Desde 2013 se tenía constancia en el Ayuntamiento de Reus de la situación de vulnerabilidad de la anciana y había un expediente abierto. La anciana llevaba dos meses con la luz cortada por impago sin que la empresa alertara de esta situación a los servicios sociales, pero recibía una ayuda para abonar el suministro de agua después de que Aigües de Reus advirtiera al consistorio de que también se la iban a cortar.
En este sentido, el expediente sancionador contra Gas Natural considera una infracción grave que la empresa cortara el suministro de luz a la anciana «sin haber solicitado previamente un informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial», tal y como establece la ley 24/2015 sobre la pobreza energética, pero la infracción ha ascendido a muy grave por los agravantes de alarma y el hecho de que la afectada fuera una persona mayor.
«Consideramos que es una sanción justa», ha afirmado Aregio, que ha añadido que fue un corte indebido y con trágicas consecuencias, y ha precisado que las sanciones graves pueden oscilar entre los 10.000 y los 100.000 euros, mientras que las muy graves se mueven entre los 100.000 y el millón de euros, en función de los agravantes.
La actuación sancionadora de la Agencia Catalana de Consumo en el ámbito de la pobreza energética consiste en comprobar si las compañías suministradoras han solicitado el informe preceptivo a los servicios sociales municipales antes de proceder a un corte del suministro. La Agencia no tiene competencias para sancionar otros hechos que se hayan podido desencadenar como consecuencia de una interrupción de los suministros básicos.
La muerte de la anciana de Reus hizo estallar en noviembre una ola de indignación por la dejadez de las administraciones en materia de pobreza energética, con protestas convocadas desde colectivos sociales como la PAH o Stop Desahucios y también desde formaciones políticas como Podemos, que visibilizaron el drama de muchas familias que no pueden pagar los suministros y exigieron una nueva ley contra la pobreza energética que ampare a las personas vulnerables. (Postdigital/Agencias)
